Efectivos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de gran alcance contra la minería ilegal en el distrito de La Encañada, donde se logró intervenir varios socavones clandestinos y confiscar insumos empleados para la extracción ilícita de minerales. La acción se desarrolló en el caserío Santa Rosa, zona donde se identificaron instalaciones ocultas destinadas al acopio de explosivos utilizados para estas actividades ilegales.
Durante la operación, los agentes encontraron 75 cartuchos de dinamita y unidades de explosivo semigelatina N.º 65 envueltas en papel grafo. Asimismo, se decomisaron 143 bolsas plásticas transparentes llenas de fertilizantes a base de nitrato de amonio, un compuesto usado con frecuencia para la elaboración de explosivos artesanales en faenas clandestinas.
El personal policial también reportó el hallazgo de 70 bolsas de aproximadamente 15 centímetros con ANFO —una mezcla de nitrato de amonio y combustible— y un tramo de mecha de seguridad de unos 20 centímetros. Estos insumos, altamente peligrosos, se empleaban para profundizar socavones y detonar áreas de mineralización sin control técnico, representando un riesgo grave para las comunidades cercanas y el ambiente.
Todo el material explosivo fue asegurado por especialistas y trasladado a la Sección de Delitos y Faltas de la Comisaría Sectorial PNP Baños del Inca, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
La minería ilegal avanza en toda la región ante la vista y paciencia del Gorecaj
La intervención evidencia una problemática persistente: la ausencia de fiscalización efectiva por parte del Gobierno Regional de Cajamarca y la gestión de Roger Guevara. Pese a la expansión visible de actividades extractivas ilegales en zonas rurales, no se han implementado mecanismos sostenidos de control, seguimiento ni respuesta temprana.
La falta de operativos coordinados, monitoreo territorial y acciones preventivas ha permitido que estas operaciones clandestinas crezcan sin resistencia en toda la región, trasladando la responsabilidad casi por completo a la Policía. La inacción institucional revela un vacío de gobernanza ambiental y de seguridad que demanda correctivos urgentes.
