En una respuesta directa al desborde de la criminalidad y la violencia vinculadas a la extracción ilícita de minerales, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo Nº 052-2026-PCM, el cual declara el Estado de Emergencia por 60 días calendario en diversas localidades estratégicas del departamento de Cajamarca.
La medida otorga el control del orden interno a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el respaldo táctico y operativo de las Fuerzas Armadas, y establece la creación de un comando unificado para ejecutar acciones de inteligencia, fiscalización y control territorial.
Zonas bajo la declaratoria de emergencia
La restricción rige focalizadamente en los siguientes distritos correspondientes a ocho provincias cajamarquinas:
- Provincia de Cajamarca: Encañada y Chetilla.
- Provincia de Cajabamba: Cachachi.
- Provincia de Celendín: Sorochuco y Huasmin.
- Provincia de Contumazá: Contumazá.
- Provincia de Chota: Chalamarca.
- Provincia de Hualgayoc: Hualgayoc, Chugur y Bambamarca.
- Provincia de San Ignacio: San Ignacio y San José de Lourdes.
- Provincia de San Marcos: Gregorio Pita.
Suspensión de derechos constitucionales
Durante la vigencia de esta medida, quedan restringidos temporalmente derechos constitucionales fundamentales en las jurisdicciones señaladas. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Asimismo, los eventos públicos masivos (religiosos, culturales o deportivos) requerirán evaluación y permisos previos de las autoridades, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse con normalidad.
Nueva estructura de mando: El CCO al frente
El decreto dispone la conformación inmediata del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Jefe de la Región Policial Cajamarca e integrado por autoridades regionales, militares, judiciales y ediles. Este comando estará en sesión permanente (24/7) y liderará las «fuerzas integradas» conformadas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal.
Para asegurar la contundencia de las operaciones, el CCO se apoyará en cuatro comités especializados:
- Comité de Coordinación Distrital (CCD): Articulación directa con comisarías y serenazgos.
- Comité de Inteligencia (CI): Encargado de desplegar un Sistema Integrado de Videovigilancia e Inteligencia Predictiva.
- Comité de Fiscalización (CF): Integrado por entidades como OSINERGMIN, SUNAT, SUCAMEC y MIGRACIONES para bloquear los suministros, explosivos y logística del crimen organizado.
- Comité de Comunicación Estratégica (CCE): Responsable de la difusión de resultados oficiales.
Tecnología y estrategias de interdicción
El decreto subraya un enfoque táctico moderno y de alta intensidad. Las fuerzas del orden están facultadas para emplear drones con cámaras térmicas que permitan detectar campamentos ocultos y socavones ilegales.
Además, se intensificará el control de identidad mediante operativos sorpresivos, se fiscalizarán rigurosamente las rutas de transporte de minerales e insumos, y se cruzará información en tiempo real con el Ministerio de Energía y Minas para verificar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y evitar su uso fraudulento.
Ante la presencia de mafias transnacionales operando en las zonas mineras, el documento también ordena establecer una articulación binacional con autoridades de la República del Ecuador para ejecutar operativos policiales conjuntos en zonas fronterizas.
Al término de los 60 días, el Comando Unificado deberá presentar un informe detallado de resultados a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial. Toda la implementación será financiada con los presupuestos institucionales vigentes de los pliegos involucrados.
