El Gobernador regional de Cajamarca (que actualmente no quiere asumir su cargo), Gregorio Santos, es investigado por la Fiscalía por delitos como asociación ilícita, colusión agravada y simple, entre otros, por 12 licitaciones durante su gestión.
Un nuevo caso de irregularidades ha salido a la luz y en el que está implicada una empresa brasileña ligada al caso Lava Jato.
Cajamarca otorgó la licitación de la obra Cospán-Huayobamba-La Libertad a la empresa brasileña Aterpa, una constructora que tiene sede en Belo Horizonte y que opera en el Perú desde el año 2010 en la construcción de puentes, carreteras, entre otros, logrando contratos por más de 138 millones de soles.
Además, fue involucrada en Brasil en la operación El Recibidor, donde una red de empresas constructoras pagaba coimas para lograr construir proyectos ferroviarios, aunque a menor escala que en el caso de corrupción de Odebrecht.
Respaldo de investigación
Según un informe del dominical Cuarto Poder, colaboradores eficaces señalaron que Santos habría recibido de Aterpa 3 millones de soles para que les otorgase la licitación y construyan la carretera que fue valorizada en unos 70 millones.
La negociación se habría dado entre el gobernador cajamarquino y Deiver Flores, representante legal de la empresa brasileña en el Perú.
La entrega de dinero a Santos habría sido a través de dos empresas que depositaron a familiares de ambos el monto total en diferentes operaciones.
Una de las personas que habría recibido parte del dinero (900,000 soles) habría sido Olmedo Auris, uno de los principales dirigentes del Movimiento de Afirmación Social (MAS), partido de Gregorio Santos.
Aterpa ganó una licitación por más más de 70 millones de soles en Cajamarca. | Fuente: Aterpa
Los actores del caso
Esa plata habría servido para comprar camionetas y recolectar firmas para las elecciones del 2014, en las que el candidato del MAS fue reelegido.
Auris se defendió y aseguró no conocer nada sobre el tema. «Rechazo esas insinuaciones, no he recibido un céntimo de nadie», dijo.
La acusación fiscal será presentada en los próximos meses, mientras tanto, este lunes 12 la autoridad deberá ir a su juicio oral por las irregularidades en su gestión, donde es acusado de liderar una red criminal que a cambio de dinero habría favorecido a empresas.
