En un contundente golpe contra la corrupción institucional, agentes de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Marisela del Pilar Chávez Cisneros, funcionaria del Ministerio Público, acusada por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho Pasivo Propio.
Allanamiento e incautación
La intervención policial se ejecutó en estricto cumplimiento de la Resolución Judicial N°01-2026. Como parte de la medida, las autoridades procedieron al allanamiento y descerraje de las instalaciones del Programa de Justicia Restaurativa del propio Ministerio Público, área donde la investigada ejercía sus labores.
Durante la diligencia, los efectivos lograron incautar diversos equipos móviles y de cómputo. Todo este material tecnológico será sometido a peritajes y se considera una herramienta probatoria clave para las investigaciones que actualmente lidera la fiscal adjunta Gina Ramírez Malca, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
A la espera de prisión preventiva
Tras la culminación de las diligencias preliminares en la sede policial y la redacción del informe correspondiente, Chávez Cisneros fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal.
Actualmente, la detenida se encuentra bajo la jurisdicción del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia donde se evaluará el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el despacho fiscal. En esta instancia, el juez de turno determinará si la imputada afrontará el resto del proceso judicial internada en un centro penitenciario o si lo hará en libertad bajo medidas de restricción.
📌 El Dato Legal ¿Qué implica el delito de Cohecho Pasivo Propio? De acuerdo con la legislación peruana, este delito se configura cuando un funcionario o servidor público solicita, acepta o recibe un beneficio indebido (como dinero o favores) a cambio de realizar u omitir un acto que es estrictamente inherente a sus funciones estatales.
