El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, informó que hace poco se concluyó de manera exitosa con la repatriación de 16 millones 380,527 dólares, procedentes de Suiza y Luxemburgo, vinculados al exasesor Vladimiro Montesinos.
Dicho dinero será destinado para la realización de proyectos en el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y l Procuraduría General del Estado, que permitan fortalecer la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el afianzamiento del Estado de Derecho.
El dinero ya se encuentra en una de las cuentas del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), y a cada institución le será entregada la suma de cinco millones 460,179 dólares.
Vega brindó estos alcances durante la instalación de un equipo de trabajo técnico Interinstitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, junto con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En la reunión, también participaron de manera virtual el ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner Tizón; el contralor Nelson Shack; el embajador de la Confederación Suiza, Markus-Alexander Atonietti, entre otras autoridades.
La formación de este equipo de trabajo se da con ocasión de iniciar la implementación de los proyectos que permitirán fortalecer el trabajo interinstitucional en cuatro entidades beneficiarias, y se enmarca en el Acuerdo Tripartito suscrito entre Perú, la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo para la repatriación de activos incautados al exasesor Vladimiro Montesinos.
Elvia Barrios sostuvo que los fondos decomisados constituyen un gran logro del sistema de justicia y las instituciones involucradas en su repatriación.
“Para el Poder Judicial es una satisfacción que estos recursos recuperados nos permitan seguir fortaleciendo el trabajo de lucha frontal contra la corrupción y la mejora de los servicios de la administración de justicia”, afirmó.
Según remarcó, los fondos para el Poder Judicial serán destinados para la implementación del Expediente Judicial Electrónico Penal y el Centro de Monitoreo y Gestión de la Carga Procesal; la creación de la Unidad de Ciencia de Datos Judicial y el Programa de Transformación Digital Gestión de Cambio en el Poder Judicial.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, expresó que los activos que serán entregados a cada institución serán derivados como fondos públicos y fiscalizados por la Contraloría General de la República.
Los fondos, dijo, permitirán capacitar a su personal, y adquirir plataformas tecnológicas y equipos forenses necesarios para hacer más eficientes las investigaciones que realizan las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, trata de personas y extinción de dominio.
Andina
