La Corte Superior de La Libertad condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a Sergio Fermín Quezada Leiva, Feliciano Salvador Bernui Paredes, Segundo Jaime Ayala Cabrera y Carlos Miguel Ramírez Mosqueira, ex funcionarios de la Universidad Nacional de Trujillo.
Los citados fueron hallados responsables del delito contra la administración pública -delitos cometidos por funcionarios públicos- en la modalidad de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, en agravio de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).
La Corte Superior de La Libertad determinó también Sergio Fermín Quezada Leiva, Feliciano Salvador Bernui Paredes, Segundo Jaime Ayala Cabrera y Carlos Miguel Ramírez Mosqueira deberán pagar 20,000 soles por concepto de reparación civil a favor de la UNT y quedan inhabilitados de ejercer cualquier cargo público por tres años.
La acusación fue sustentada por el fiscal adjunto provincial titular, Julio Alberto Montoya Abanto, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad.
Según el fiscal, Segundo Ayala, director del Sistema Administrativo I, Sergio Quezada, jefe de la Oficina Técnica de Abastecimiento, Feliciano Bernui, jefe de Recursos Físicos y Mantenimiento, y Carlos Ramírez, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos, se interesaron en favorecer a 7 profesionales a quienes contrataron directamente como inspectores de la obra “Museo de Sitio Huacas del Sol y la Luna” que ejecutaba la Universidad Nacional de Trujillo, cuando por mandato legal y el monto de la obra – más de 7 millones de soles-, correspondía la contratación de supervisores y no de inspectores, y mediante un proceso de selección, y no de manera directa como los sentenciados lo hicieron.
Una vez aprobado el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la UNT para el 2008, se consideró contratar a supervisores para esta obra por 350,000 soles.
Sin embargo, Segundo Ayala propuso, vía oficios entre mayo y junio de ese año, que se contrate a siete inspectores para la obra en Moche.
Sergio Quezada, opinó a favor de dichos contratos, que ya tenían nombre propio, con la cual se dio lugar a la Resolución Rectoral N° 886-208/UNT, que favoreció la contratación de los siete profesionales entre mayo y noviembre del 2008.
Feliciano Bernui tramitó con oficios a favor de las contrataciones ilegales, y Carlos Ramírez brindó su opinión jurídica favorable.
El accionar de los cuatro volvió a repetirse, con el fin de extender los contratos vía regularización desde diciembre 2008 y enero y febrero del 2009.
