Saira Velasquez Mejía, de 22 años, enfrentará una grave denuncia penal por atentar contra la integridad del proceso electoral al destruir 18 votos ya emitidos. El incidente enciende las alarmas sobre la seguridad en las mesas de sufragio.
LA LIBERTAD, 13 de Abril de 2026. — Un grave incidente ha empañado el desarrollo de la jornada electoral en la región norteña. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a una fiscalizadora del propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusada de alterar deliberadamente la voluntad popular al destruir material electoral ya escrutado.
La funcionaria, identificada como Saira Velasquez Mejía, de 22 años, fue intervenida por los efectivos del orden tras ser sorprendida destruyendo 18 cédulas de votación que eran completamente válidas.
Eliminar 18 cédulas de votación representan el voto de 18 ciudadanos. Es decir, al destruir 18 cédulas, se está anulando la participación y la decisión de 18 electores.
Cabe precisar que, dependiendo de las autoridades que se estén eligiendo (por ejemplo, presidente, senadores y diputados en una misma hoja), una sola cédula puede contener varias marcas o preferencias. Sin embargo, como documento electoral, una cédula equivale a la voluntad de un solo elector.
Un ataque directo al proceso democrático
El hecho ha generado profunda indignación y preocupación tanto en las autoridades como en los personeros políticos presentes. El rol de un fiscalizador del JNE es, precisamente, garantizar la transparencia, legalidad y el correcto desarrollo del sufragio. Que una funcionaria encargada de proteger el voto sea quien lo destruya representa una de las vulneraciones más graves a la cadena de custodia electoral.
La destrucción de estas 18 cédulas no es un simple error administrativo, sino un delito electoral tipificado que busca alterar los resultados de las urnas. En un contexto político polarizado donde cada voto es determinante, este tipo de actos socava la confianza ciudadana en las instituciones garantes del proceso.
Consecuencias penales e institucionales
Tras su captura, la PNP trasladó a Velasquez Mejía a la dependencia policial del sector. Según fuentes policiales, la joven será denunciada penalmente por el Ministerio Público por atentar contra la integridad del proceso electoral y el derecho al sufragio. El Código Penal peruano contempla sanciones severas, incluyendo penas privativas de la libertad, para quienes manipulen, destruyan u oculten actas o cédulas de votación.
Se espera que en las próximas horas el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emita un pronunciamiento oficial sobre este grave incidente, detallando las medidas administrativas correspondientes contra la trabajadora y garantizando que se revisarán los protocolos de selección y supervisión de su personal en campo para evitar que un hecho de esta magnitud se repita. Mientras tanto, las autoridades electorales locales evalúan el impacto de la pérdida de estos 18 votos en el escrutinio final de la mesa afectada.
