Ministerio Público pide más continuidad de las audiencias. «Si el ritmo sigue así, tenemos para un año y medio más hasta que se dicte una sentencia», señaló una fuente fiscal.
El juicio contra Gregorio Santos avanza a paso de tortuga. Han pasado 13 meses desde que se inició el proceso contra el ex gobernador de Cajamarca, en diciembre del año 2016, pero aún no estamos ni en la mitad del camino para llegar a la sentencia.
El Ministerio Público es consciente de esta situación. Por ello, el magistrado coordinador de las fiscalías anticorrupción, César Zanabria, expresó su preocupación por la lentitud del juicio, a través de un escrito que fue oralizado en la audiencia del pasado 11 de diciembre.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la demora del juicio y pedimos que las audiencias sean más continuadas”, dijo el fiscal adjunto Álex Rosales, parte del equipo que lidera el fiscal anticorrupción Walther Delgado.
Al inicio, las audiencias eran casi todos los días, pero el panorama cambió drásticamente. “En setiembre solo se realizaron cuatro audiencias; en octubre, otras cuatro y en noviembre, siete. Esperamos una mayor continuidad; mínimo, tres veces a la semana”, agregó Rosales.
El fiscal adjunto recordó que el proceso penal se ha estancado en la etapa de oralización de pruebas. «No llegamos, ni siquiera, al 10 % de la prueba documental de la Fiscalía. Falta la declaración de los imputados y los alegatos de clausura», remarcó. El juicio tiene más de 40 coimputados.
En respuesta, el juez Guillermo Huamán, presidente del Primer Juzgado Penal Colegiado, a cargo del caso, señaló en la audiencia que «se tendrá en consideración» el pedido de la Fiscalía. El magistrado recordó que su intención «era acabar este juicio en julio (2016), en el peor de los escenarios».
«Si el ritmo del proceso sigue así, tenemos para un año y medio más hasta que se dicte una sentencia», anotó a Perú21 una fuente relacionada al caso. Agregó que el problema no es la disposición de los jueces, sino la poca logística con la que cuentan para dar celeridad al proceso.
A ello se suma que, en agosto de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso separar al juez Marco Tejada como miembro del Primer Juzgado Penal Colegiado y que regrese a la Corte Superior de La Libertad.
Según al resolución Nº 102-2017-P-CE-PJ, el magistrado fue separado «por presuntos hechos irregulares» que informó la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, mediante un informe. «Los mismos que deben ser investigados por la instancia de control correspondiente», se lee en el escrito que lleva la rúbrica del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
«Debido al retorno de Tejada a Trujillo, solo se realizan audiencias los jueves y viernes», expresó una fuente judicial a este medio. La resolución judicial también señala que Tejada deberá culminar los casos que tiene pendiente en la Sala Penal Nacional, «a fin de evitar el quiebre de juicios».
SANTOS ACUSADO DE CORRUPCIÓN
Recordemos que Gregorio Santos es acusado de los delitos de asociación ilícita y colusión por supuestos actos de corrupción en 13 licitaciones realizadas cuando era presidente regional de Cajamarca.
Según la Fiscalía, Santos lideró una organización criminal para manipular contrataciones a cambio de dinero.
En 11 licitaciones aparece la figura del empresario Wilson Vallejos Díaz, quien se acogió a la colaboración eficaz y narró la presunta negociación con Santos que habría recibido más de S/845 mil de parte de Vallejos y una camioneta, de acuerdo a la tesis fiscal.
Fernando Ugaz, abogado de Santos, señaló que las licitaciones «no generaron perjuicio para el Estado».
Por su parte, Santos considera que el proceso que afronta no es penal, sino «político». «Asumiré lo que se venga», dijo el ex gobernador a Exitosa hace unos días, cuando anunció una marcha que realizará hoy junto a otras agrupaciones de izquierda, como Nuevo Perú, por una nueva Constitución.
