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Gregorio Santos afirmó que no “le han probado nada”

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A pesar de la contundencia del informe de la Contraloría, que revela que hubo malos manejos en su despacho, el cuestionado presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, sostuvo que no “le han probado nada”.

“El Gobierno Regional de Cajamarca ha sido intervenido por la Contraloría, el Congreso, crearon una Fiscalía Supraprovincial que viene investigando, solo investigando, sin probar nada, presunción”, escribió anoche en su cuenta de Twitter.

Santos, además, señaló que desde que se iniciaron las pesquisas su despacho ha dado todas las facilidades para que se realice estas e indicó que lo seguirá haciendo.

“Desde que estalló el conflicto por el proyecto Conga, la Contraloría intervino el Gobierno Regional, pero después de dos años recién emite su informe, la fiscalía en Lima ya investiga”, refirió.

Tratando de desmarcarse de su posible responsabilidad, Santos afirmó que su oficina continuará colaborando “para que las acusaciones sean esclarecidas y se sancione a quienes resulten responsables”.

El presidente regional también calificó de “refrito” informe de la Contraloría que concluye que hubo irregularidades en su gestión.

IRREGULARIDADES POR S/. 130 MLLONES
Por medio de un informe, la Contraloría General de la República confirmó varias irregularidades en el proceso de selección y ejecución de 11 proyectos públicos del Gobierno Regional de Cajamarca por un monto de 130 millones de soles, algunas de las cuales se habían denunciado anteriormente.

La buena pro de estos proyectos se adjudicó entre el 2011 y el 2012 a empresas vinculadas a Wilson Vallejos, un viejo amigo de Santos.

Santos y 17 de sus funcionarios habrían incurrido presuntamente en el delito de colusión, de acuerdo al voluminoso informe que la contraloría entregó ayer al fiscal supraprovincial especializado en delitos de corrupción, Walter Delgado, quien investiga desde hace medio año presuntos actos de corrupción en el gobierno regional. Él también indaga el caso de los ‘narcoindultos’.

Los 11 proyectos auditados fueron ejecutados por Pro Región, una entidad ejecutora del gobierno regional al que Santos transfirió millonarios fondos para realizar proyectos de inversión pública.

En todos estos proyectos investigados, que comprendían la construcción de dos hospitales, varias obras de electrificación rural y un muro de contención, la contraloría detectó que los funcionarios de Pro Región se habrían coludido (ponerse de acuerdo) con las empresas contratistas para defraudar al Estado.

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