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Ocho años de cárcel para exjuez acusado por cohecho pasivo específico

La investigación fiscal permitió acreditar que el exjuez mantuvo relaciones sexuales con demandada a cambio de favorecerla en proceso por tenencia de su menor hijo

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, consiguió que se condene a ocho años de pena privativa de la libertad efectiva al exjuez del Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Wilbert Quispe Ramos, como autor y responsable del delito contra la administración pública -delitos cometidos por funcionarios públicos- cohecho pasivo específico, en agravio del Estado – Poder Judicial.

Según la acusación fiscal, el 5 de junio de 2017, un ciudadano interpuso una demanda civil ante el Juzgado Mixto de Ayna – San Francisco, con el fin de que se le reconozca y otorgue la tenencia de su menor hijo. Esta medida fue admitida a trámite por el ahora sentenciado, quien dispuso que se corra traslado a la demandada y se tenga por ofrecido los medios probatorios.

Sin embargo, el 17 de agosto de 2017, durante la audiencia, el magistrado Quispe Ramos declaró saneado el proceso y, un mes después, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta.

La investigación fiscal permitió acreditar que la demandada y el magistrado sostuvieron comunicaciones telefónicas en donde el juez citaba a la mujer para solicitarle sostener relaciones sexuales para favorecerla en las diferentes etapas del proceso y entregarle la tenencia de su hijo.

Por este delito, Wilbert Quispe Ramos, también fue inhabilitado por el mismo periodo de tiempo de la condena, por lo que no podrá ejercer la función, cargo, mandato, empleo o comisión de carácter público.

Asimismo, deberá pagar lo correspondiente a 365 días multa y abonar S/7 mil por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada, monto que deberá abonar durante la ejecución de la condena.

El Ministerio Público reitera su compromiso de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; así como velar por la recta y efectiva administración de justicia.

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