La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Cajamarca, realizó una acción simultánea al Concurso Público de Méritos para la Contratación de Personal bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios CAS N° 001-2018-UNC, evidenciando riesgos que vulnerarían la legalidad del proceso.
Los riesgos se encuentran plasmados en el Informe de acción simultánea N°003-2018-OCI/0204-AS y han sido notificados al Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, para que valore los riesgos comentados y adopte las medidas pertinentes.
De igual forma, se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y el acceso a la información.
Principales riesgos advertidos:
- El procedimiento de contratación de personal CAS (profesionales, técnicos, auxiliares, entre otros), se habría realizado con el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) no actualizado, vulnerando lo establecido en el artículo 43º, numeral 43.7 del TUO (Texto Único Ordenado) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; asimismo, se transgredió el numeral 43.3, el cual señala la obligación de publicar el TUPA en el diario oficial El Peruano.
- Se habría realizado el cobro por derecho de postulación y venta de bases para la contratación de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, vulnerando lo establecido en el artículo 51, numeral 51.3 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que prohíbe establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos de oficio.
Debido a que el proceso ya concluyó y se ha contratado al personal que ganó el concurso CAS; sin que la entidad mitigue los riesgos advertidos en el citado informe de acción simultánea, la Contraloría realizará una auditoría de cumplimiento con el fin de identificar a los responsables en el presente caso.
La Contraloría, a través de sus órganos de control, comparte oportunamente los riesgos identificados a los ejecutores producto de las intervenciones, con la finalidad de garantizar la calidad de los procesos y que las mismas sean en beneficio de la ciudadanía.
