La minería ilegal se ha convertido en un grave problema en la región Cajamarca, agravado por la inacción del Gobierno Regional, que no ha podido —ni mostrado voluntad efectiva— para frenar su expansión. La situación llegó a un punto crítico en San Ignacio, donde este viernes 25 de abril se registró un violento ataque de mineros ilegales a ronderos campesinos.
Unos 200 mineros ilegales emboscaron a un grupo de ronderos cuando se realizaba una movilización. El ataque dejó al menos seis personas seriamente heridas, entre ellos el presidente provincial de rondas, Agapito Castillo Barco, quien resultó gravemente golpeado. El hecho ocurrió en la ruta entre Huaquillo y San Ignacio, zona que actualmente vive bajo una creciente tensión social.
El alcalde José Tapia, junto al alcalde del distrito de La Coipa, Oscar Córdova López, y las rondas campesinas del distrito de Tabaconas (provincia de San Ignacio), fueron atacados con palos, piedras y disparos con armas de fuego, cuando se dirigían a una movilización en defensa de los recursos naturales.
Los ronderos, guardianes tradicionales del orden comunal, denunciaron el abandono por parte del Estado. Acusaron directamente al Gobierno Regional de Cajamarca, encabezado por Roger Guevara, de omisión grave frente al avance de la minería ilegal en la región. A pesar de las reiteradas alertas desde distintas provincias —incluyendo San Ignacio, Jaén, Celendín, Cajabamba y Hualgayoc—, no se han ejecutado planes de acción concretos, mientras el crimen organizado gana terreno.
La mafia avanza ante indiferencia del Estado
En varias zonas del departamento los operativos son inexistentes o simbólicos, lo que permite que las mafias mineras sigan instalándose, destruyendo ríos, bosques y dividiendo a las comunidades con violencia.
Ante este contexto, los ronderos exigen la inmediata intervención del Gobierno central y regional, así como garantías para continuar su labor de defensa territorial. Sin un cambio urgente en la respuesta estatal, advierten, la minería ilegal podría convertirse en una amenaza aún mayor para la paz social y el medio ambiente de Cajamarca.
La situación es aún mayor, ya que ante la ausencia de autoridades y el Estado, las mafias contratan pobladores de la zona para trabajar (ya se han registrado varias muertes), exponiéndolos a grandes riesgos con un sueldo mínimo. De esta manera, los ilegales dan trabajo y ponen a personas de la comunidad de su lado. Así dividen a la comunidad y generan enfrentamientos, como lo que ha ocurrido en San Ignacio.
El Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional deben actuar urgente para frenar estas mafias que avanzan sin control por todo Cajamarca y el país, antes que sea demasiado tarde.
