En medio de una profunda crisis de legitimidad y con niveles de desaprobación cercanos al 0% en todas las regiones del país, el Congreso de la República aprobó este lunes el viaje oficial de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia, programado del 5 al 12 de agosto. La mandataria asistirá a reuniones diplomáticas y foros internacionales en ambas naciones asiáticas, según el Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales y promover la inversión extranjera.
El viaje, sin embargo, ha generado una ola de críticas desde diversos sectores políticos y sociales. Para muchos, la gira internacional de Boluarte evidencia una desconexión total con la realidad nacional, donde persisten conflictos sociales no resueltos, demandas agrarias, crisis en el sector salud, y un creciente descontento ciudadano ante la inacción del Gobierno.
“¿Por qué la presidenta puede ir a Yakarta y Tokio, pero no a Ayacucho, Huancavelica o Puno, donde la población exige respuestas desde hace meses?”, es lo que se preguntan millones de peruanos. Críticos señalan que mientras Boluarte busca proyectar una imagen internacional activa, ha evitado visitar regiones del interior donde el rechazo a su gestión es rotundo y sostenido.
A pesar de los cuestionamientos, el Congreso otorgó el permiso de viaje, argumentando que se trata de compromisos previamente pactados. Durante su ausencia, la presidencia del país será asumida de forma interina por el titular del Consejo de Ministros.
El viaje presidencial, en este contexto, no solo plantea dudas sobre las prioridades del Gobierno, sino que refuerza la percepción de una administración aislada del sentir popular, en un país donde el hartazgo ciudadano ha ido en aumento ante la falta de soluciones concretas.
Con la desaprobación en niveles nunca antes registrados y la ausencia de reformas estructurales, la salida al extranjero de Boluarte aparece más como una huida diplomática que como una estrategia de Estado.
