Operaciones ilícitas se expanden con maquinaria pesada y socavones profundos en diversas localidades. Especialistas alertan que las organizaciones criminales imponen el caos mientras el Gobierno Regional brilla por su pasividad y falta de estrategias operativas.
La minería ilegal ha dejado de ser un problema incipiente o puramente artesanal en Cajamarca para mutar hacia una grave amenaza de gran escala. En los últimos meses, se ha reportado un alarmante incremento de operaciones de extracción ilícita y un recrudecimiento de la violencia vinculada a estas redes criminales, un escenario que ha rebasado por completo los limitados esfuerzos de control y fiscalización en la región.
El nivel de impunidad y organización con el que operan estas mafias quedó expuesto de forma alarmante durante un reciente operativo policial en el distrito de Hualgayoc. En un abierto desafío al Estado de derecho, una turba de aproximadamente 80 personas se enfrentó violentamente a las fuerzas del orden y logró liberar a siete individuos que habían sido detenidos por actividades ilícitas.
Para los especialistas en seguridad, este rescate forzado no es un hecho aislado, sino la prueba de que estas organizaciones están capitalizando la reducida capacidad operativa de las autoridades y la debilidad institucional imperante.
Tecnificación y devastación ambiental
El avance territorial de estas mafias es innegable y destructivo. Diversas inspecciones han identificado que localidades como Colquirrumi, Chinchiho, El Tingo y Quebrada Honda se han convertido en focos críticos de esta actividad.
Lejos de usar métodos rudimentarios, los operadores ilegales en estas zonas emplean actualmente maquinaria pesada y excavan socavones de gran profundidad. Este nivel de tecnificación refleja una fuerte inyección de capital de procedencia dudosa y una escala de depredación ambiental que contamina tierras y fuentes hídricas de manera irreversible.
El silencio y la inacción de Roger Guevara
Frente a un escenario de criminalidad desbordada, las miradas y los cuestionamientos apuntan directamente a la sede del Gobierno Regional de Cajamarca. La gestión del gobernador Roger Guevara (Somos Perú) viene siendo objeto de duras críticas por su evidente pasividad frente a un problema que amenaza con instaurar en la región el mismo terror y caos que hoy se vive en zonas como Pataz (La Libertad) o Madre de Dios.
A pesar de que las mafias mineras operan a plena luz del día y se enfrentan a la Policía, la respuesta de la administración de Guevara ha estado marcada por la inacción. No se percibe un liderazgo claro para articular políticas de seguridad con el Ejecutivo nacional, ni existen planes regionales efectivos de interdicción y fiscalización ambiental.
Para diversos sectores de la sociedad civil cajamarquina, la indiferencia de las autoridades regionales frente al incremento de la violencia y la expansión de la minería ilegal a gran escala representa, en la práctica, una renuncia a la defensa del territorio y un peligroso terreno cedido al crimen organizado.
