Se calienta la segunda vuelta regional. El candidato al Gobierno Regional de Cajamarca, Moisés González (APP), ha situado la modernización de la infraestructura educativa como un eje de su agenda política, enfocando sus recientes cuestionamientos en la crítica situación del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Victorino Elorz Goicochea, obra abandonada por la actual gestión de Roger Guevara (Somos Perú).
Ante el estancamiento crónico del proyecto en esta institución, González aseguró que una de sus primeras acciones como gobernador será aplicar las medidas legales correspondientes para destrabar, reiniciar y culminar la obra, exigiendo además rendición de cuentas por los millonarios recursos invertidos sin resultados.
El historial financiero de un proyecto estancado
La preocupación del aspirante al sillón regional se fundamenta en los registros del Sistema de Seguimiento de Inversiones, los cuales exponen una cadena de adjudicaciones fallidas, desembolsos cuestionables y conflictos legales que han postergado indefinidamente la entrega de las instalaciones. El desglose de los procesos contractuales revela las siguientes irregularidades en la gestión de Roger Guevara (Somos Perú):
- Primer contrato por S/ 4 millones: La ejecución inicial quedó en calidad de obra abandonada por parte de la empresa contratista, pese a que esta habría recibido un adelanto financiero superior a los S/ 2 millones. Los reportes indican que la entidad regional no procedió a llevar este grave incumplimiento a un proceso de arbitraje para recuperar los fondos.
- Segundo contrato por S/ 9,5 millones: Tras el primer fracaso, se suscribió un nuevo acuerdo de ejecución que actualmente reporta dos procesos de arbitraje vigentes, situación que mantiene bloqueado el avance físico del proyecto.
- Tercera licitación por más de S/ 10 millones: A pesar de tener arbitrajes en curso vinculados al segundo contrato, la administración procedió a convocar un tercer proceso de licitación por un monto superior.
Los registros oficiales de inversión del Estado consignan un devengado acumulado que supera los S/ 7 millones en este proyecto, un nivel de gasto que contrasta drásticamente con la realidad de la infraestructura inconclusa.
Auditorías integrales y ruta legal para el reinicio
Frente a lo que considera un evidente perjuicio económico y administrativo, González delineó un plan de acción dual. Por un lado, el candidato anunció que impulsará auditorías rigurosas a todos los contratos suscritos en torno a esta obra. El propósito de estas acciones de control será transparentar el manejo de los fondos públicos y determinar las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan a los funcionarios y contratistas involucrados.
Por otro lado, se comprometió a aplicar soluciones técnicas que separen los problemas legales de la necesidad física de la obra. “Si nosotros ganamos el Gobierno Regional, inmediatamente utilizaremos los mecanismos legales y jurídicos para reiniciar esta obra y concluirla en el menor plazo posible”, manifestó González, marcando una postura de intervención directa frente a la inoperancia burocrática.
Compromiso técnico con el sector magisterial
En su mensaje dirigido a los principales afectados por esta paralización institucional, el candidato buscó transmitir viabilidad y voluntad política, restándole peso a la supuesta dificultad técnica del proyecto para concentrarse en la falta de capacidad de gestión.
“Esta no es una obra compleja, es un mantenimiento. Jóvenes, maestros y padres de familia, tengan fe. Una vez llegado al gobierno, vamos a concluir esta obra”, afirmó de forma categórica.
Con estas declaraciones, González apunta a consolidar el respaldo de la comunidad educativa cajamarquina, presentando el destrabe del emblemático Pedagógico no solo como una promesa de infraestructura, sino como una medida correctiva contra la mala administración de los recursos regionales.
