Este 13 de octubre se cumplieron exactamente ocho años desde que la tierra pareció tragarse a Vanessa Pereira Vergara. En 2018, esta comerciante y empresaria cajamarquina de 36 años salió de su hogar dejando a dos hijos menores de edad que, hasta el día de hoy, siguen esperando saber qué ocurrió con su madre.
A casi una década del suceso, el expediente policial y fiscal acumula polvo entre diligencias frustradas, sospechosos en libertad y la muerte violenta de la única persona que podía revelar dónde quedaron sus restos.
El viaje sin retorno y la pista de Chachapoyas
La última vez que se supo de Vanessa Pereira fue el 13 de octubre de 2018. En un primer momento, la versión que circuló entre sus allegados indicaba que la comerciante había emprendido un viaje de negocios con destino a la provincia de Cajabamba. Sin embargo, conforme las semanas avanzaron y los teléfonos dejaron de sonar, las pesquisas policiales dieron un giro geográfico: el verdadero destino del viaje habría sido la ruta hacia Chachapoyas, en la región Amazonas.
La esperanza de hallarla con vida se desmoronó pocas semanas después. La declaración clave de un testigo ante los investigadores apuntó a un escenario macabro: Vanessa no estaba oculta ni extraviada; habría sido asesinada durante aquel trayecto del 13 de octubre y sus captores habrían arrojado su cuerpo a las turbulentas aguas de un río cercano a la ruta de Chachapoyas para borrar toda evidencia del crimen.
Un disparo en pleno operativo y sospechosos en libertad
Cuando la Policía Nacional parecía acorralar al entorno que participó en aquel fatídico viaje, el caso sufrió un revés que sepultó gran parte de la verdad:
La muerte del testigo clave: El 8 de noviembre de 2018, agentes policiales montaron un operativo para intervenir a Segundo Huamán Fernández (30), el hombre que había acompañado a Vanessa en su último viaje y quien era considerado la pieza fundamental para confesar el móvil del crimen y señalar la ubicación exacta del cadáver. En medio de la intervención en su vivienda, Huamán Fernández murió de un disparo en la cabeza, un hecho que la policía reportó preliminarmente como un suicidio.
Capturas y liberación exprés: Ese mismo mes, la policía detuvo a dos implicados directos en la desaparición y presunto homicidio, sindicando como principal sospechoso a Edgar Campos Luján. Pese a los graves indicios, tras permanecer apenas siete días recluidos en la sede de la Divincri de Cajamarca, los detenidos salieron en libertad a mediados de noviembre de 2018 por disposición fiscal.
Sin un cadáver hallado ni pericias concluyentes que sustentaran un pedido de prisión preventiva, el sistema de justicia los dejó ir.
Búsqueda infructuosa y una familia acorralada
Con el caso en manos del fiscal Alfredo Rebaza Vargas, las labores de rescate se trasladaron a las riberas del río en la ruta a Chachapoyas. La agreste geografía y el caudal del río obligaron a suspender y retomar los operativos en múltiples ocasiones. Aunque en marzo de 2019 el Ministerio Público dispuso ampliar la búsqueda por cuatro meses adicionales, los rastrillajes cerraron con las manos vacías.
Mientras la burocracia judicial se enfriaba por falta de pruebas materiales, el calvario recayó sobre la familia de la víctima. Hacia mediados de 2019, su madre y su abuela, Doris Mercado Aguilar, denunciaron públicamente el abandono de las investigaciones y advirtieron que venían recibiendo amenazas anónimas por exigir justicia, todo ello mientras asumían solas la crianza y el sustento de los dos pequeños hijos que Vanessa dejó en la orfandad.
Hoy, bajo el reclamo de colectivos nacionales como Familias Unidas por Justicia y el lema #8AñosSinVanessa, el caso de Vanessa Pereira Vergara permanece como una herida abierta en Cajamarca. Ocho años después, no hay un cuerpo al cual darle cristiana sepultura, ni un solo culpable tras las rejas que responda por su vida.
