El Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca dictó nueve meses de prisión preventiva contra tres personas implicadas en el presunto delito de sicariato, en el caso del asesinato del empresario minero Henry Alva Chilón, ocurrido en febrero pasado.
Los detenidos, identificados como Pablo Daniel Rodríguez Benites (19), Yajaira del Rosario Caballero Pinillos (29) y Segundo Fernando Carhuanambo Valencia (30), fueron internados en el penal de Cajamarca, mientras avanzan las investigaciones fiscales sobre su participación en un crimen que ha remecido a la región.
Durante la audiencia, el juzgado analizó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, entre ellos imágenes de videovigilancia, registros telefónicos y técnicas de geolocalización, que permitirían vincular directamente a los acusados con el ataque perpetrado la madrugada del 22 de febrero en el jirón San Isidro, en el centro de Cajamarca. En ese hecho, el empresario Henry Alva perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que su acompañante resultó gravemente herido.
Según la resolución judicial, los indicios fueron calificados como graves y suficientes para sustentar el pedido de prisión preventiva. El juzgado también consideró el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculización del proceso penal como factores determinantes para dictar la medida restrictiva, que se aplicará desde el 25 de mayo —fecha en que fueron capturados— hasta el 26 de febrero de 2026.
El jefe del Frente Policial de Cajamarca, general PNP Walter Calla Delgado, confirmó que el presunto sicario, Pablo Rodríguez, llegó desde Trujillo con la finalidad de ejecutar el asesinato por encargo. Tras cometer el crimen, abandonó la ciudad, pero fue localizado semanas después gracias al trabajo de inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri), que realizó un seguimiento exhaustivo mediante videovigilancia, vigilancia física y rastreo de dispositivos móviles.
Rodríguez fue capturado en un hotel del centro de Cajamarca el pasado 25 de mayo. Según las autoridades, había retornado con la intención de ejecutar un nuevo encargo criminal. La policía sostiene que el acusado habría recibido alrededor de 10,000 soles por el primer asesinato y que estaría vinculado con otro hecho delictivo en Piura. El caso revela un patrón inquietante: sicarios contratados desde otras ciudades, especialmente en contextos de disputas por actividades mineras.
«Estos sicarios son contratados cuando no hay acuerdo sobre la explotación de mineral. Vienen de Trujillo, Chao, Piura… y reciben fuertes sumas por cometer estos crímenes«, señaló el general Calla.
La prisión preventiva impuesta a los tres implicados busca asegurar la continuidad del proceso penal y evitar que los investigados eludan la acción de la justicia. El caso también ha reabierto el debate sobre la violencia vinculada a conflictos mineros en el país y la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del crimen organizado, especialmente en zonas estratégicas como Cajamarca.
