Dina Boluarte Zegarra, vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), fue incluida por el fiscal Richard Rojas Gómez en la investigación por supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre, reveló El Comercio.
La titular del Midis fue incluida tras descubrirse que ir abrió una cuenta mancomunada junto a Graulio Grajeda, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, en la que recaudaron aportes ilícitos para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.
Según las primeras diligencias, en la cuenta mancomunada en el BCP, recaudaron aportes ilícitos de S/100 mensuales provenientes de los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del Gobierno Regional de Junín, para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, por su condena por corrupción.
De acuerdo al colaborador eficaz 04-2021, dichos aportes eran solicitados por la cúpula del partido a través de WhatsApp y “condicionados a la renovación de sus contratos”.
“Exigieron aportes a todos los trabajadores contratados aunque no seas del partido, era obligatorio para la permanencia del puesto de trabajo, si no aportas te sacan del trabajo con algún pretexto”, indicó el colaborador.
Mientras que otra parte del dinero investigado en el caso Los Dinámicos del Centro, venía de los funcionarios, quienes aportaban dinero proveniente del cobro de coimas y cupos de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín.
Frente a ello, la fiscalía no descarta que la hoy vicepresidenta “haya realizado actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política, como la de otros candidatos, organizadas por el partido político Perú Libre desde su fundación [con sus denominaciones anteriores] hasta la actualidad”.
Por tales motivos, Dina Boluarte Zegarra es incluida, junto a Grajeda, en la investigación por el delito de lavado de activos agravado en la modalidad de actos de conversión y transferencia en el marco de una organización criminal.