El gobierno regional de Arequipa generó un perjuicio económico de 317,110 soles al Estado, al pagar un sobrecosto en la adquisición de 10,000 frazadas como ayuda humanitaria para la población de las zonas altas de la región, informó la Contraloría General de la República.
La entidad identificó el hecho tras realizar el servicio de control específico en el gobierno regional, informe que también advierte la inaplicación de penalidades en la compra de las prendas de abrigo.
Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 050-2020-2-5334-SCE, que evaluó el período del 1 de mayo al 31 de octubre de 2019, siete funcionarios y exfuncionarios de la actual gestión regional tendrían responsabilidad penal y/o administrativa.
El documento precisa que el 12 de junio de 2019 el gobierno regional de Arequipa aprobó el Plan Regional Multisectorial ante heladas y bajas temperaturas, a través del cual se programó la compra de 15,000 frazadas. Sin embargo, un día después se modificó el pedido de compra a 10,000 bienes.
El precio más alto
Pese a tener 11 propuestas registradas a través de la plataforma Perú Compras, el gobierno regional formalizó la orden de compra con el proveedor que ofrecía el precio más elevado sin sustento alguno, generando un sobrecosto de 316,830 soles.
La empresa ganadora ofreció bienes por 542,800 soles, mientras que el proveedor con el menor precio cotizó 205,910 soles por frazadas con las mismas características.
A esto se suma que el área usuaria recibió directamente las frazadas en lugar distinto al estipulado, por medio de un funcionario no asignado para tal efecto y sin observar que las frazadas eran distintas a las del requerimiento.
Además, el acto se realizó con diez días de retraso al plazo estipulado, hechos que no fueron comunicados al almacén central, área competente para la recepción de bienes. Ello impidió el cobro de penalidades a la empresa proveedora por 54,280 soles.
Acciones administrativas
La Contraloría notificó los resultados del servicio de control específico al titular del gobierno regional de Arequipa, a quien se le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe.
También recomienda al procurador público de la entidad dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad en el informe de control específico.
