El Instituto Pedagógico de Cajamarca enfrenta una grave crisis debido a la incompetencia del Gobierno Regional, encabezado por Roger Guevara, que no ha sido capaz de gestionar adecuadamente la construcción de su nueva infraestructura. La decisión de rescindir el contrato con el Consorcio Educativo Cajamarca, responsable de la ejecución de la obra, ha generado incertidumbre y preocupación en la comunidad educativa.
El director del instituto, en declaraciones recientes, denunció que la obra, cuya entrega estaba prevista para el 5 de febrero, no ha sido cumplida por la empresa contratista. Pero lo más grave, enfatizó, es que la responsabilidad recae directamente en el Gobierno Regional, ya que otorgó la buena pro mediante contratación directa.
Maestros perderán su trabajo, no habrá examen de admisión y licenciamiento en riesgo
Esta situación no solo afecta el desarrollo académico, sino que también pone en riesgo el proceso de licenciamiento de la institución. Un informe del Ministerio de Educación (1453) ya había condicionado la autorización del examen de admisión hasta que se culminara la infraestructura. Como resultado, el examen programado para agosto se cancelará, lo que significa que muchos docentes perderán sus puestos de trabajo.
El panorama se vuelve más crítico al considerar que el instituto tenía hasta el 30 de septiembre para completar su licenciamiento. Sin una infraestructura adecuada, el proceso se verá truncado, dejando a cientos de estudiantes en la incertidumbre.
Lo más indignante, según el director, es que la construcción de la infraestructura no es una obra de gran envergadura, sino un proyecto que debía ejecutarse en cuatro meses. Sin embargo, han pasado casi tres años de la actual gestión regional y la obra sigue sin concluirse.
La ineficiencia del Gobierno Regional ha colmado la paciencia de la comunidad educativa. Profesores y estudiantes han convocado reuniones de emergencia y exigen explicaciones al gobernador regional Roger Guevara.
Este caso es un reflejo de la ineficiencia estructural que afecta a muchas instituciones públicas en el Perú. La falta de planificación, la mala gestión de contratos y la ausencia de rendición de cuentas continúan siendo obstáculos para el desarrollo del sector educativo. Mientras las autoridades siguen evadiendo su responsabilidad, el futuro de cientos de estudiantes y docentes queda en el limbo.
