Mientras el Perú enfrenta una de las peores olas de criminalidad en décadas, con asesinatos, bandas extorsivas sembrando el terror en calles, mercados y locales comerciales a lo largo y ancho del país, la presidenta Dina Boluarte ha decidido priorizar algo muy distinto a la seguridad ciudadana: su propio salario.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a solicitud expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la mandataria pasaría a percibir S/ 35,568.00 mensuales, más del doble de los S/16,000 que actualmente gana. El documento, terminado el 28 de abril de 2025, ya se encuentra en manos del premier Gustavo Adrianzén, a la espera de su aprobación final.
La decisión ha desatado una avalancha de críticas, no solo por el monto desproporcionado en comparación con la realidad del país, sino por el momento en que se plantea: Perú vive un estado de zozobra generalizada, con asesinatos diarios, extorsiones en aumento, desapariciones de mujeres y una evidente descomposición del aparato de seguridad nacional. Las calles se desangran y el Gobierno parece mirar para otro lado.
En Cajamarca, por ejemplo, la madrugada de este lunes explotó un artefacto frente a una pollería en plena ciudad, lo que encendió las alarmas sobre la expansión del crimen organizado incluso en una de las regiones tradicionalmente tranquilas. Este hecho se suma a una larga lista de atentados, amenazas y cobros de cupo que los comerciantes sufren a diario en todo el país.
¿Y cuál es la respuesta de la jefa de Estado? Pedirse un aumento.
Mientras miles de familias lloran a sus muertos, mientras los hospitales colapsan y los estudiantes enfrentan clases en condiciones precarias, la presidenta considera justo cobrar más de 420 mil soles al año del dinero de todos los peruanos. Y lo hace además sin haber mostrado resultados contundentes en ninguno de los frentes críticos que enfrenta la nación.
El contraste es brutal. Policías mal pagados y mal equipados enfrentan a bandas armadas hasta los dientes. Profesores rurales subsisten con sueldos que apenas alcanzan los S/2,500. Enfermeras y médicos trabajan horas extras sin reconocimiento económico alguno. Y, sin embargo, la presidenta, cuya gestión está marcada por el descontento social, las protestas regionales y la desconfianza generalizada, considera que merece ganar más del doble.
La medida no solo es éticamente reprochable. Es una afrenta a la ciudadanía. El Ejecutivo intenta justificar la propuesta en supuestos criterios técnicos, pero no hay informe que pueda disfrazar el mensaje político que transmite: el poder se premia a sí mismo, mientras ignora el sufrimiento de su gente.
Hasta el momento, ni Boluarte ni Adrianzén han ofrecido una explicación pública sobre este intento de aumento salarial. En un país que exige liderazgo, austeridad y compromiso, la presidenta ha optado por enviar la peor señal posible: que el dolor ajeno no interrumpe sus prioridades.
