Una grave denuncia remeció este lunes al sistema judicial del norte del país. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) ha propuesto la destitución del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual, tras acusarlo de incurrir en una falta disciplinaria considerada de extrema gravedad.
Mediante la Resolución Nº 42, emitida con fecha 21 de julio de 2025, el jefe de la ANC-PJ, Roberto Alejandro Palacios Bran, elevó la propuesta formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), órgano encargado de nombrar y remover a los magistrados del país.
Según el documento, Sáenz Pascual habría solicitado y recibido un beneficio económico a cambio de emitir un fallo absolutorio en un proceso penal por homicidio calificado, actuación que habría tenido lugar mientras ejercía como presidente de sala y director de debates dentro de un colegiado penal. Este presunto acto de corrupción no solo afecta la legitimidad de la resolución judicial en cuestión, sino que compromete directamente la integridad del magistrado y de la institución que representa.
La ANC-PJ considera que estas acciones vulneran gravemente el decoro y la respetabilidad del cargo, afectando la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. En esa línea, solicita que se aplique la sanción más severa disponible: la destitución, amparada en los artículos 34 (numerales 1, 17 y 18) y 48 (incisos 9 y 12) de la Ley de la Carrera Judicial (Ley N° 29277), así como en normas del Código de Ética y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cuanto a los otros dos jueces que integraban el colegiado penal junto a Sáenz Pascual, la resolución señala que no existen pruebas suficientes que desvirtúen la presunción de licitud de sus actos, por lo que se ha decidido desestimar cualquier medida disciplinaria contra ellos.
Además, se rechazó el pedido de suspensión del procedimiento disciplinario formulado por el propio Sáenz Pascual, quien buscaba frenar el avance de las investigaciones.
La resolución culmina con un llamado expreso a las autoridades competentes a respetar el principio de celeridad procesal, con el fin de evitar dilaciones en la adopción de una decisión definitiva por parte de la Junta Nacional de Justicia.
Este nuevo episodio pone en el centro del debate la lucha contra la corrupción judicial en Perú, y se produce en medio de crecientes cuestionamientos al funcionamiento del sistema de justicia en regiones del interior del país. La decisión final sobre el futuro del magistrado Ricardo Sáenz Pascual está ahora en manos de la JNJ.
