La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales postergó para el próximo lunes el debate de los informes de calificación de las denuncias presentadas en contra del expresidente Martín Vizcarra por la vacunación anticipada contra el coronavirus covid-19.
Por 14 votos a favor, el grupo de trabajo acordó elaborar informes por separado respecto a las denuncias que contemplan infracción constitucional y las que se refieren a delitos.
Las denuncias por infracción a la Constitución devienen en juicio político y pueden terminar en una inhabilitación para ejercer el cargo en la función pública. Las que imputan delitos supone un proceso de antejuicio político.
La subcomisión también aprobó otorgar un plazo adicional de dos días para que se subsanen errores de forma que se habían detectado en dos de las seis denuncias que se iban a evaluar hoy y que son requisitos para ser declaradas como admitidas.
Estas son las denuncias:
- La denuncia constitucional N° 422 fue presentada por la congresista María Teresa Cabrera (Podemos) contra Martín Vizcarra por infracción constitucional y por delitos cometidos en el cumplimiento de su función.
- La denuncia constitucional 423 fue presentada por la congresista María Bartolo (Nueva Constitución) contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.
- La denuncia constitucional 424 fue presentada por congresistas de la bancada Nueva Constitución contra el expresidente por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
- La denuncia constitucional 425 fue presentada por el congresista José Vega Antonio (UPP) contra Martín Vizcarra, y las exministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, por infracción a la Constitución.
- La denuncia constitucional 426, fue presentada por parlamentarios de Acción Popular por infracción a la Constitución y por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
- La bancada del partido Morado, a su vez, presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, así como los funcionarios favorecidos indebidamente con vacunas.
Se les acusa de haber empleado el cargo público para obtener las vacunas.
Pide para los denunciados la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran hallarse.
Les atribuye infracción a diversos artículos de la Constitución y pide para todos ellos la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.
