El violento ataque perpetrado por delincuentes armados en Pataz, región La Libertad, que dejó un saldo de 13 trabajadores asesinados, también enlutó a familias cajamarquinas. Tras revelarse las identidades, se pudo conocer que cuatro jóvenes eran de Jaén y San Ignacio, en la región Cajamarca.
Las víctimas, identificadas como Wilmer Manuel Chávez Neira (24), originario de San Ignacio; Nilver Joel Pérez Chuquipoma (24), del caserío La Malama, distrito de San Felipe (Jaén); y los hermanos Jhon Cristian Facundo Inga (30) y Franklin Vicente Facundo Inga (24), ambos de Bellavista (Jaén), trabajaban como personal de seguridad para la empresa Services R&R, que presta servicios a la minera Poderosa.
Además de los cuatro jóvenes cajamarquinos, las autoridades confirmaron la identidad de otras víctimas: César Rospigliosi Arellano (39), Frank Jesús Monzón Valeriano (24), Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva y Darwin Javier Coveñas. Inicialmente, los trabajadores fueron reportados como desaparecidos, lo que llevó a especulaciones sobre un posible secuestro. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que todos fueron asesinados en el ataque.
El atentado en Pataz, un distrito marcado por la actividad minera ilegal y la presencia de grupos criminales, subraya el nivel de violencia que azota la región. Considerada una zona de alto riesgo, Pataz ha sido escenario de enfrentamientos relacionados con el control de recursos mineros y actividades ilícitas. En respuesta, las autoridades peruanas han anunciado el despliegue de fuerzas del orden para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de los habitantes y trabajadores.
La tragedia ha generado un profundo dolor en las comunidades de Jaén y San Ignacio, donde las familias de las víctimas lloran la pérdida de jóvenes que buscaban un futuro mejor. Líderes locales y nacionales han exigido justicia y medidas urgentes para frenar la escalada de violencia en Pataz. “No podemos permitir que la impunidad reine en nuestra tierra. Estos jóvenes merecen justicia, y sus familias, paz”, expresó un representante de la comunidad de Jaén.
El gobierno enfrenta ahora el desafío de abordar las causas estructurales de la violencia en regiones mineras, donde la falta de presencia estatal y la actividad delictiva han creado un clima de inseguridad. Mientras tanto, el país se une en luto por los 13 trabajadores cuya vida fue arrebatada en este acto de barbarie.
