Por: Unidad de Investigación La Rotativa
El regreso de Absalón Vásquez Villanueva a la primera línea de la política nacional, esta vez postulando al Senado por el partido Renovación Popular, ha reabierto un expediente que muchos creían cerrado, pero que para la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción sigue dolorosamente vigente.
Detrás de la imagen del exministro de Agricultura (natural de Cajamarca) que promete experiencia y gestión, se oculta una «mochila» judicial pesada: una reparación civil solidaria pendiente que asciende a S/ 1,070,000.00, derivada de una sentencia por peculado que fue ratificada en última instancia constitucional.
El origen de la deuda: El caso Hurtado Miller
Para entender la deuda, hay que remitirse al expediente judicial que condenó a Vásquez como cómplice primario. No se trata de una infracción administrativa, sino de uno de los casos más emblemáticos de la corrupción de los años 90: el financiamiento ilícito de campañas con dinero de la caja del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
La justicia determinó que Vásquez Villanueva fue una pieza clave en la entrega de US$ 334,000 que Vladimiro Montesinos facilitó a Juan Carlos Hurtado Miller para financiar su campaña a la Alcaldía de Lima en 1998.
Aunque la defensa de Vásquez ha sostenido históricamente que él «no se embolsilló el dinero», el Poder Judicial sentenció que su participación fue necesaria para que el delito se consumara. La sentencia impuso una reparación civil solidaria. En términos legales, esto significa que el Estado puede cobrar el total de la deuda a cualquiera de los condenados.
El «Portazo» del Tribunal Constitucional
Durante años, Vásquez intentó librarse de este pago argumentando vulneración al debido proceso. Su última carta fue una demanda de amparo (Expediente N° 01169-2016-PA/TC) ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, en una sentencia publicada en 2020, el TC declaró improcedente su demanda. Los magistrados —entre ellos Ledesma Narváez, Ferrero Costa y Blume Fortini— concluyeron que no existía vulneración de derechos, dejando firme la resolución de la Corte Suprema.
El dato: Al haberse agotado la vía constitucional, la deuda de S/ 1,070,000.00 tiene la calidad de cosa juzgada. Es exigible y coactiva.
La paradoja de Renovación Popular
La postulación de Vásquez genera un cortocircuito en el discurso de Renovación Popular. El partido, que suele enarbolar banderas de lucha contra la corrupción y la «limpieza» moral del Estado, lleva en su lista al Senado a un político condenado por peculado que aún no ha resarcido el daño económico causado al país.
La Ley Electoral ha tenido vacíos y reformas constantes sobre si los sentenciados «rehabilitados» (que ya cumplieron su pena de cárcel o inhabilitación) pueden postular aunque deban dinero. A menudo, los candidatos argumentan estar «rehabilitados penalmente», separando la cárcel del dinero.
Sin embargo, la pregunta que surge no es solo legal, sino ética: ¿Puede un ciudadano fiscalizar el presupuesto nacional y crear leyes desde el Senado cuando él mismo mantiene una deuda impaga originada por el robo de fondos públicos?
¿Por qué sigue postulando «como si nada»?
Existen dos factores que permiten esta situación:
- La Rehabilitación Penal: Al haber cumplido el tiempo de la condena penal (prisión suspendida o efectiva en su momento) y el periodo de inhabilitación para ejercer cargos públicos dictado en la sentencia original, el ciudadano recupera sus derechos políticos.
- El Cobro Civil: La reparación civil se mueve en un carril paralelo. Si bien existe un Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), la interpretación de los organismos electorales a veces permite la inscripción si la condena penal ya se extinguió, dejando la deuda como un asunto de cobranza coactiva y no como un impedimento electoral absoluto, dependiendo de la interpretación vigente del JNE para el proceso 2026.
Normalización de la corrupción y una deuda más que financiera
Absalón Vásquez busca el voto de los cajamarquinos y de todos los peruanos apelando a su memoria de obras pasadas. Sin embargo, su candidatura plantea un precedente peligroso: la normalización de la deuda por corrupción.
Mientras un ciudadano común puede ser embargado o reportado a centrales de riesgo por deudas menores, un aspirante a «Padre de la Patria» pretende asumir el cargo debiendo un millón de soles a las mismas arcas que jurará proteger. La deuda de Vásquez no es solo financiera; es una deuda moral que las urnas deberán evaluar.
Plus: esta fue la respuesta de ‘Porky’ y Vásquez, sobre la deuda. Huyeron…
