Las recientes declaraciones del candidato y exgobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, han encendido nuevamente las alarmas sobre el uso de la desinformación como herramienta de campaña electoral.
En un intento por capitalizar el descontento de un sector del electorado, Medina ha decidido reescribir uno de los episodios más críticos de la historia reciente del país: el quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022.
«No se trató de un golpe de Estado, sino de un error administrativo por parte de Pedro Castillo; por ello, no debería estar en prisión. Esto es claramente una persecución política.»
Esta afirmación, esgrimida por Medina como bandera de su actual candidatura, no solo representa un despropósito jurídico, sino que evidencia una preocupante desconexión con los principios democráticos básicos y la realidad institucional del país.
El quiebre democrático no es un «trámite»
Reducir la lectura de un mensaje a la Nación —en el cual se ordenó el cierre inconstitucional del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional— a un simple «error administrativo» es una ofensa a la inteligencia del electorado.
La justicia peruana y la comunidad internacional fueron claras: lo ocurrido fue un intento de golpe de Estado. La actual situación penitenciaria del expresidente no responde a una persecución ideológica, sino a un proceso judicial en curso por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tipificados en el Código Penal.
Para entender la magnitud de la distorsión del discurso de Medina, es necesario contrastar sus palabras con los hechos:
| El Discurso de Porfirio Medina | La Realidad Jurídica y Constitucional |
| «Fue un error administrativo» | Un error administrativo implica faltas en la gestión pública o burocrática. Ordenar la disolución de poderes del Estado al margen del artículo 134 de la Constitución es una ruptura del orden democrático. |
| «No debería estar en prisión» | La prisión preventiva fue dictada por el Poder Judicial al evaluar peligro de fuga (intento de asilo en la embajada de México) y obstaculización, cumpliendo con el debido proceso. |
| «Es persecución política» | Las acciones legales fueron activadas por instituciones autónomas (Ministerio Público y Poder Judicial) tras un delito cometido en flagrancia y transmitido en cadena nacional. |
La sombra de Gregorio Santos y la herencia política
Para comprender el comportamiento de Porfirio Medina, es fundamental revisar su trayectoria. Su ascenso político en Cajamarca estuvo íntimamente ligado a la figura de Gregorio Santos, de quien fue un estrecho colaborador, operador político y sucesor en el Gobierno Regional.
Es imperativo recordar que el periodo del Movimiento de Afirmación Social (MAS) en Cajamarca terminó con graves sentencias judiciales. Santos fue condenado a prisión efectiva por delitos de colusión agravada, colusión simple y asociación ilícita para delinquir, al probarse que recibió sobornos a cambio de direccionar obras públicas.
En este contexto, las actuales declaraciones de Medina parecen seguir un patrón histórico:
- Defensa de lo indefendible: Al igual que en su momento el entorno de Santos catalogó las investigaciones por corrupción como «persecución política» para evadir responsabilidades, hoy Medina utiliza exactamente el mismo libreto para justificar el accionar de Pedro Castillo.
- Victimismo como estrategia: La narrativa del líder «perseguido por el sistema» busca cohesionar a una base electoral apelando a la emotividad en lugar de a la rendición de cuentas.
- Desprecio por la institucionalidad: Minimizar delitos graves (ya sea corrupción en licitaciones o un golpe de Estado) erosiona la confianza ciudadana en la justicia y las leyes.
