El presidente Pedro Castillo señaló que en su gobierno se disminuirán los sueldos de los funcionarios en el Estado. Esto se ha reafirmado con un anuncio sobre la reducción de las remuneraciones de los congresistas, ministros y altos funcionarios del sector público a la mitad.
Antecedentes
Las remuneraciones de los altos cargos del Estado no han tenido continuidad en cuanto a las políticas salariales que logren retener y atraer talento al sector público.
Durante el segundo gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011, se redujeron los sueldos de los ministros de Estado con la finalidad de moderar el gasto público. Es así que pasaron de 42 mil soles a 15 mil 600 soles. La modificación en la remuneración afectó también a congresistas, presidentes regionales, alcaldes, consejeros regionales y regidores. Esta medida se revirtió durante el gobierno de Humala, aumentando el salario de los ministros a 30 mil. Monto que se ha mantenido hasta el día de hoy.
Debido a la pandemia, en el 2020, se dio una reducción temporal de la remuneración de los altos funcionarios públicos con el objetivo de orientar recursos hacia la ejecución de acciones de mitigación para frenar el avance del COVID-19. Dicho recorte fue de entre 10% y 15% dependiendo del monto percibido.
¿Son competitivos los salarios del sector público en Perú?
La propuesta de rebaja salarial, asume que las personas que ocupan cargos directivos deben estar dispuestas a ganar menos de lo que podrían percibir en el sector privado. Pues su principal motivación tendría que ser el servicio al país.
Si bien el supuesto anterior es razonable, una marcada diferencia entre los sueldos del sector público y privado, hacen que el personal calificado no vea atractivo desempeñar funciones clave al interior de la burocracia gubernamental.
La evidencia internacional nos muestra que la mayoría de los países cuentan con un servicio civil que ofrece una mayor competitividad salarial que el sector privado. Según cifras del Banco Mundial, en otros países, los trabajadores del sector público reciben un beneficio salarial de 9% en comparación con los empleados del sector privado con características similares.
Por el contrario, el sector público peruano impone una penalidad salarial de 8% a aquellos trabajadores que optan por trabajar como funcionarios del Estado.
Es así que el recorte de sueldos de altos funcionarios del sector público planteado por el Presidente Castillo podría volver incluso menos atractivas estas plazas para el personal con las mejores calificaciones y ocasionar una fuga de talentos desde entidades gubernamentales hacia empresas del sector privado.
Mayor corrupción y peores servicios públicos
Una de las consecuencias que trae la persistencia de salarios bajos para funcionarios de entidades gubernamentales, es la reducción en la eficiencia y productividad en la provisión de servicios básicos, además de crear incentivos y oportunidades para la corrupción y el uso inadecuado de los recursos públicos.
La lógica detrás de esta conclusión es que los servidores públicos mal remunerados encuentran diferentes estrategias – basadas en su mayoría en el clientelismo y la creación de situaciones favorables a conflictos de interés – para compensar sus bajos salarios.
En el caso peruano, una medida como el recorte salarial a los altos funcionarios del sector público podría acentuar los problemas que exhibe en materia de corrupción y la calidad de los servicios básicos que brinda el Estado.
Contrarreforma del Servicio Civil
La reducción salarial del personal de alta dirección del sector público también iría en contra de los avances que ha mostrado el servicio civil en el Perú desde la década de los 2000.
En efecto, de acuerdo con el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) elaborado por el BID, el puntaje obtenido por Perú pasó de 15 a 41 puntos entre el 2004 y 2015, uno de los mayores crecimientos registrados entre los países de América Latina analizados. No obstante, los niveles alcanzados aún sitúan al servicio civil peruano en un grado de desarrollo medio – entre 40 y 59 puntos en el IDSC – según la clasificación del BID, por debajo de otros países como Chile y Brasil, que son calificados como sistemas profesionales para la gestión de servidores públicos – con puntajes que oscilan entre 60 y 100 puntos.
Fuente: IPE
